PARTE FINAL

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

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Primera.- (Causas en trámite). Las causas en trámite continuarán rigiéndose por el Código de Procedimiento Penal anterior, Decreto Ley 10426 de 23 de agosto de 1972 y la Ley 1008 del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, salvo lo previsto en las siguientes disposiciones.

 

Segunda.- (Aplicación anticipada). No obstante lo dispuesto en la primera disposición final entrarán en vigencia los Artículos 19 y 20 al momento de la publicación del presente Código y un año después las siguientes disposiciones:

1) Las que regulan las medidas cautelares, Título I, Título II y Capítulo I del Título III del Libro Quinto de la Primera Parte;

2) Los Artículos 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32y 33 del Título II del Libro I referentes a las salidas alternativas y a la prescripción de la acción penal .

3) El Capítulo II del Título III del Libro Quinto de la Primera Parte, referente al régimen de administración de bienes. Hasta la vigencia plena del Código, todos los incidentes sobre el régimen de administración de bienes serán resueltos por los respectivos juzgados de sustancias controladas.

 

Tercera.- (Duración del proceso). Las causas que deban tramitarse conforme al régimen procesal anterior, deberán ser concluidas en el plazo máximo de cinco años, computables a partir de la publicación de este Código.

Los jueces constatarán, de oficio o a pedido de parte, el transcurso de este plazo y cuando corresponda declararán extinguida la acción penal y archivarán la causa.

Modificada por la Ley N° 2683 de 12 de mayo de 2004:

Artículo único.- Modifícase la Parte Tercera (Duración del Proceso), de Disposiciones Transitorias de la Ley N° 1970, de 25 de marzo de 1999, en los siguientes términos:

1) Las causas con actividad procesal sujetas al régimen anterior continuarán tramitándose hasta su conclusión.

DEROGADA POR LA SENTENCIA CONSTITUCIONAL N. 0101/2004-R DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 2004, cuya parte resolutiva declaro:

1.- LA INCONSTITUCIONALIDAD de la Ley N. 2683 de 12 de mayo de 2004, con los efectos establecidos por el artículo 58 de la Ley del Tribunal Constitucional.

2.- LA CONSTITUCIONALIDAD del último párrafo del artículo 133 y segundo párrafo de la Disposicion transitoria tercera, ambos del Código de Procedimiento Penal; únicamente en el sentido establecido en el último párrafo del FJ III.5.2 de la presente resolución, que dice:

"Que en este sentido como ha quedado establecido precedentemente, las disposiciones legales objeto del presente juicio de constitucionalidad sólo pueden ser compatibles con los preceptos constitucionales referidos, en la medida que se entienda que, vencido el plazo, en ambos sistemas, en lo conducente, el Juez o tribunal del proceso, de oficio o a petición de parte, declarará extinguida la acción penal , cuando la dilación del proceso más allá del plazo máximo establecido, sea atribuible al órgano judicial y/o al Ministerio Público , bajo parámetros objetivos; no procediendo la extinción cuando la dilación del proceso sea atribuible a la conducta del imputado o procesado".

 

Cuarta.- (Disposiciones orgánicas transitorias). Dos meses antes de la vigencia plena de este Código, el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía General de la República determinarán los juzgados, Salas de las Cortes Superiores y fiscales liquidadores que continuarán, a partir de la vigencia plena de este Código, el trámite de las causas según el régimen procesal anterior.

Dos semanas antes de la vigencia plena de este Código, las Cortes Superiores remitirán a los juzgados y tribunales liquidadores los procesos en trámite.

Recibidas las causas, los juzgados y tribunales liquidadores, tratándose de procesos sin actividad procesal, dispondrán su publicación en un medio de circulación nacional conminando a las partes para que en el plazo de tres meses continúen el proceso, bajo advertencia de declarar extinguida la acción penal . Vencido este plazo, sin que se cumpla el apercibimiento se dispondrá la extinción de la acción penal .

 

Quinta.- ( Bienes incautados ).- Los bienes incautados y confiscados antes de la promulgación de este Código se sujetarán al siguiente régimen:

1) Los que hubieren sido entregados a una entidad estatal para su uso institucional mantendrán este destino con excepción de los que por disposición judicial deban ser devueltos a sus propietarios.

2) Los que hubieren sido entregados a una entidad privada mantendrán su uso institucional en los términos convenidos con la Dirección de Bienes Incautados, salvo disposición judicial de devolución a sus propietarios.

En caso de orden judicial de devolución la Dirección de Bienes Incautados podrá convenir con los propietarios la transferencia de la propiedad del bien con el fin de mantener el uso institucional asignado.

 

 

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